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Innovación y legalidad: una necesaria combinación

legal

El sector legal se encuentra inmerso en la omnipresente transformación digital que afecta a todos los sectores, justo cuando más se requeriría que aportara perspectiva.

Un robot podría haber sido el autor de las líneas que usted está leyendo en estos momentos. Afortunadamente –al menos para los autores– no ha sido así en esta ocasión, aunque el número de artículos generados por software y robots aumenta constante y considerablemente en todo tipo de publicaciones por todo el mundo.

Este no es un fenómeno restringido al ámbito de Twitter o redes sociales o algo usado por medios gratuitos o de escasa entidad. Prestigiosas cabeceras como Le Monde o The Whashinton Post utilizan “redactores robots” que generan de manera automática artículos y documentos en base a hechos de actualidad. Durante los recientes Juegos Olímpicos de Río, por ejemplo, han sido miles los artículos que se han publicado por estas y otras cabeceras sin intervención humana dando cuenta de las gestas deportivas. Los procesos electorales –a los que en nuestro país parecemos tener una especial predilección–, dada la disponibilidad del gran número de datos que generan, son otra de las materias preferidas por esta clase de autómatas de las letras.

Y si ello está pasando de manera notable y destacada en el ámbito del periodismo, constituyendo un aspecto adicional a la ya de por sí compleja y poliédrica transformación a la que se está viendo sometido todo este sector, de similar manera, pero de un modo más incipiente, está aconteciendo en el mundo de la Justicia y el Derecho, sujeto asimismo a una silenciosa pero imparable revolución y donde la humanidad en la redacción de demandas, ¡y tal vez de sentencias!, se encuentra parcialmente comprometida.

Tal es el caso, por ejemplo, de los más de 250.000 recursos generados automáticamente –de los que se han ganado más de 160.000– por un bot/software/pagina web (DoNotPay) que, de un modo gratuito, ha ahorrado más de tres millones de dólares en menos de dos años en multas de aparcamiento solo en Londres y Nueva York. No ha sido creado por un jurista (lo que hubiera sido toda una sorpresa) sino por un joven estudiante inglés de Stanford de 19 de años llamado Joshua Browder, quien parece que va a extender el mismo servicio/concepto al ámbito de la prevención y minimización de los desahucios injustos.

Del mismo modo, los afectados en el ámbito de las quiebras en Estados Unidos –técnicamente denominadas por aquí concursos– pueden verse asesorados por ROSS, un sistema de inteligencia artificial basado en la tecnología Watson de IBM que actualmente está a disposición y se está usando por insignes bufetes americanos para dar soporte a sus abogados en el ámbito de las insolvencias empresariales, facilitando el análisis de los casos y el estudio de la documentación, siempre abundante, a usar como prueba.

Pero no sólo es en el ámbito de la inteligencia artificial o en los modelos predictivos de conflictos jurídicos, que permiten una aproximación –cada vez más certera– a la resolución de los asuntos judiciales, en el que los juristas de hoy en día encuentran sus principales retos. La omnipresente internacionalidad en muchos de los conflictos, sin la existencia de normas comunes homogéneas e instituciones que permitiesen su aplicación de un modo eficiente, así como la propia naturaleza de los conflictos, no siempre específicamente previstos en normas por lo general poco tecnológicas, con las dudas que tales silencios legislativos provocan, se añaden al atávico y tradicional rechazo del sector a las innovaciones técnicas.

El mundo legal y jurídico suele vivir apegado, por un formalismo mal entendido, al soporte papel, a las reuniones presenciales y a modelos de negocio poco acordes a los tiempos, las situaciones y a los clientes que empezamos a encontrarnos. ¿Cómo va a responder el mundo de la justicia y sus profesionales a los problemas de propiedad intelectual e industrial de las impresoras 3D, a las sanciones de tráfico de los coches autónomos o a los retos que suponen bitcoin y las criptomonedas y el blockchain si algo en apariencia no tan complejo como abandonar el soporte papel y la digitalización de los expedientes judiciales (la implantación este año del sistema LexNET por tribunales y profesionales ha sido y está siendo lamentable) parece seguir siendo una quimera? ¿Cómo se posicionarán los juristas ante “marketplaces legales” (plataformas que ponen en contacto, competitivamente, abogados y potenciales clientes), ante sistemas que ponen a disposición del público en general formularios interactivos con los que elaborar automáticamente documentos legales, o los notarios y registradores ante medios que permitan acreditar hechos de un modo técnico comparable (sino mejor, y mucho más barato) a la “fe pública tradicional”? Los retos son mayúsculos y quienes se enfrentan a ello no parecen especialmente preparados o deseosos de afrontar tales cambios necesarios.

La transformación de los despachos profesionales, tanto a nivel organizativo como de imagen y de modelo de negocio, la creación de una marca personal complementaria a los mismos por parte de los profesionales que los conforman, su necesaria alianza con colegas no solo de otros países sino también de otras disciplinas, la imprescindible inmediatez sobre las novedades legislativas y jurisprudenciales que se producen, su presencia en medios de comunicación y redes sociales, son ejemplos de retos en principio menores que, sin embargo, aún no han sido bien resueltos por la mayoría de bufetes.

Mientras tanto, existen operadores que han entendido que todo ello supone un conjunto de magníficas oportunidades de negocio al ofrecer una satisfactoria respuesta a los nuevos paradigmas y necesidades jurídicas: Digital Forensics (obtención y validación de pruebas en el ámbito tecnológico), Compliance (asegurar el cumplimiento normativo y corporativo) o el establecimiento de sistemas automatizados de resolución alternativa de conflictos son una buena muestra de algunos de los ámbitos en los que el sector jurídico privado empieza tímidamente a desplegar su actividad.

Desarrollo normativo

Dicha actividad podría ser mucho mayor y más relevante si nuestros legisladores y administradores asumieran la responsabilidad que les es propia ante las novedades tecnológicas señaladas o ante fenómenos de mercado como la denominada “economía colaborativa”, por ejemplo, y diesen una respuesta ecuánime y decidida a los nuevos modelos de negocio que sobre la misma se generan y que requieren de su atención.

Lejos de ello, la respuesta oficial ha resultado, por lo general, timorata y dubitativa, actuando casi siempre tarde y mal y sin un fundamento o criterio claro o definido, más allá de la defensa, en ocasiones injustificada, de determinados sectores corporativos y gremiales, con el evidente perjuicio no solo del interés público sino también de quienes confiaban en el reconocimiento y adecuación legal de sus nuevos modos de prestar servicios de todo tipo.

En lugar de dicho reconocimiento (mediante la interpretación finalista y correcta de las normas y con los matices o adaptaciones que fueran, en su caso, menester) se les ha presentado en ocasiones públicamente como enemigos de la Ley simplemente porque la misma no les reconocía, forzándoles a que se conviertan en tales enemigos y a que, lógicamente, actúen en consecuencia.

En otros ámbitos (por ejemplo, en materia fiscal), los desajustes normativos han sido y son en ocasiones abusivamente aprovechados por quienes interpretan la inacción y pasividad de legisladores y operadores como una tácita invitación a la aplicación de sus propios y exclusivos intereses y criterios como únicas normas vigentes, cómodos ante la ausencia de un poder que oriente y controle la legitimidad y legalidad de sus actuaciones.

Nada de ello sucedería si los operadores legales (abogados, legisladores, inspectores y asesores de la Administración, jueces, etc.), cada uno en sus distintos ámbitos, tuviesen una clara visión de cuanto acontece más allá de las normas jurídicas. Hacer legal lo normal debería ser una máxima que rigiese no solo los diccionarios, que suelen admitir las formas coloquiales como válidas aun cuando contradigan algunos criterios gramáticos, sino también la actuación de tales operadores, evitando así tanto las posiciones inmovilistas como los cambios radicales, situaciones ambas poco acordes con el consenso necesario para el mundo en continua transformación en el que vivimos.

Por ello, ahora más que nunca son necesarios unos profesionales jurídicos que puedan correctamente elaborar e interpretar las normas afectadas por las innovaciones y cambios que acontecen en todos los sectores, con una ponderación ecuánime y justa de los diferentes intereses en juego. Pero para ello, y he aquí la singular paradoja de este gremio, deberán resolver antes o simultáneamente el proceso de imparable transformación que les es propio y al que están, indefectiblemente, unidos y del que, aún en gran medida, son desconocedores.

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Daniel Vidal
Abogado especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías
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Laura Marín
Consultora en comunicación especializada en estrategia y contenido digital