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Claves de las sociedades cooperativas

Claves de las sociedades cooperativas

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Las sociedades cooperativas se adaptan muy bien al entorno empresarial actual, hasta el punto de que se presentan como un modelo de negocio no solo vigente, sino con gran potencial.

Desde su aparición en Inglaterra a mediados del siglo XIX, el movimiento cooperativista moderno ha sufrido una notable evolución. De esta forma, dicho movimiento, que surgió originariamente para permitir un acceso a menor precio a bienes de consumo básico a través de la puesta en común de recursos y de trabajo, representa aproximadamente en la actualidad 1.000 millones de miembros a nivel global, 250 millones de empleos directos e indirectos y, por lo que se refiere solo a las 300 mayores cooperativas a nivel mundial, aproximadamente 2 billones de euros de facturación.

 

Régimen legal y fiscal

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) define la sociedad cooperativa como “una asociación autónoma de personas unidas de forma voluntaria para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. Las cooperativas están inspiradas por los principios cooperativos que han sido recogidos por la ACI y que constituyen pautas a través de las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. En ese sentido, influyen en toda la normativa al respecto y de hecho constituyen fuentes del derecho cooperativo catalán. Dichos principios (adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; interés por la comunidad) configuran las cooperativas como organizaciones democráticas que sirven de cauce para hacer frente a las necesidades de sus miembros, caracterizadas en general por el principio de un socio, un voto, donde se pone más el acento en la actividad de los socios que en el capital, y en el que hay un fuerte componente de relación con la comunidad. En cuanto a las necesidades que pretenden cubrir, pueden ser varias, como lo es la tipología de cooperativas existente. Así, existen cooperativas de trabajo, de consumo, agrarias, de servicios, de crédito, entre otras. En cuanto a su constitución, cabe indicar que requiere el otorgamiento de escritura pública (que debe contener el acta de la asamblea constituyente y los estatutos sociales), y debe inscribirse en el Registro de Cooperativas, adquiriendo con ello su personalidad jurídica. Su capital social mínimo es de 3.000 euros y, como novedad de la Ley 12/2015, deben ser constituidas (en general) por un mínimo de dos personas (antes tres), sin perjuicio de la necesidad de incorporar a un tercer socio en el plazo de cinco años desde su constitución.

 

Perspectiva fiscal

Al margen del principio democrático citado y que configura claramente un elemento diferenciador de las cooperativas al desligar el valor del voto de la aportación de capital, es importante destacar, entre sus rasgos típicos, el hecho de que la responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a sus aportaciones al capital social, sin perjuicio de su obligación de responder frente a la cooperativa de forma ilimitada en determinados casos.

Las cooperativas plantean también beneficios desde la perspectiva fiscal, concediéndoles la legislación tributaria un tratamiento favorable sujeto al cumplimiento de determinados requisitos debido a sus características especiales como entes asociativos y de función social. Dichos beneficios fiscales, que afectan a la imposición directa, a la indirecta y a la tributación local, son de aplicación a las cooperativas que dispongan de la calificación de protegidas (todas aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley sobre el Régimen Fiscal de cooperativas) o de especialmente protegidas (disponen de esta condición algunos tipos de cooperativas tales como las de trabajo asociativo y las agrarias). A continuación se detallan las cuestiones más relevantes del régimen fiscal aplicable a estas entidades.

En relación con las cooperativas que disponen de la calificación de protegidas, los incentivos fiscales correspondientes al impuesto sobre sociedades se centran, principalmente, en los dos siguientes: (1) gozan de un tipo impositivo para aquella parte de sus ingresos que se corresponde con resultados cooperativos del 20% (en general) quedando gravados los resultados extra-cooperativos al tipo general, y (2) pueden amortizar libremente todos aquellos elementos del activo fijo que resulten amortizables, que sean nuevos y que se hubieran adquirido en el plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro de Cooperativas correspondiente, con determinados umbrales. Por otro lado, también gozan de exención por prácticamente todos los conceptos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados y, en cuanto a tributos locales, disponen de una bonificación del 95% de la cuota y de los recargos exigibles en el impuesto sobre actividades económicas y en el impuesto sobre bienes inmuebles que grave los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y las de explotación comunitaria de la tierra.

Por lo que respecta a las cooperativas especialmente protegidas, estas disfrutan de los mismos beneficios fiscales que las cooperativas protegidas y, adicionalmente, disponen, a efectos del impuesto sobre sociedades, de una bonificación del 50% de la cuota íntegra minorada previamente, en su caso, por las cuotas negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar. Adicionalmente, están exentas, a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, en relación con las operaciones de adquisición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y estatutarios.

 

Perspectiva laboral

Desde una perspectiva laboral, las sociedades cooperativas se adaptan muy bien –de forma casi paradójica– al entorno empresarial actual, hasta el punto de que se presentan como un modelo de negocio no solo vigente, sino con gran potencial.

En efecto, la configuración jurídica de la cooperativa, basada en la participación de todos sus miembros, resulta de gran interés desde una óptica laboral, puesto que presenta una particularidad: se permite, además de la contratación de trabajadores por cuenta ajena, que los propios socios puedan aportar a la cooperativa no solo capital, sino también trabajo personal, denominándose socios trabajadores. Se trata, pues, de una figura híbrida que se encuentra a caballo entre la figura de un socio tradicional (que únicamente aporta capital) y la de un trabajador por cuenta ajena (que únicamente aporta fuerza de trabajo). Apuntamos a continuación tres cuestiones básicas de interés laboral para todas aquellas cooperativas que empleen a socios trabajadores.

En primer lugar, los socios trabajadores no solo deben realizar aportaciones económicas al capital social de la cooperativa, también deben aportar su trabajo personal. Al ostentar esta doble condición de socio-trabajador, se les permite que en el momento de su ingreso en la cooperativa puedan solicitar el pago único (capitalización) de su prestación por desempleo, utilizándola como fuente de financiación, obligándose, eso sí, a aportar el importe correspondiente al capital social y cumpliendo una serie de requisitos.

Por otro lado, la remuneración que percibirán los socios trabajadores por la prestación de sus servicios vendrá en forma de anticipos laborales o societarios en concepto de retribución (anticipos a cuenta del resultado anual del ejercicio económico de la cooperativa), teniendo derecho a percibir los mismos periódicamente.

Por último, si se produce la baja de un socio trabajador (ya sea voluntaria, obligatoria o disciplinaria por expulsión), sus efectos económicos no serán los mismos que de tratarse de otro tipo de socio, puesto que tendrá derecho al reembolso de sus aportaciones al capital social (voluntarias y obligatorias) y además, atendiendo a la singularidad de su condición, tendrá derecho al pago de los anticipos laborales devengados. La baja disciplinaria por expulsión del socio trabajador acordada por el consejo rector solo podrá fundamentarse en la comisión de una falta tipificada como muy grave, previa apertura de expediente disciplinario y audiencia del socio trabajador afectado.

 

Aspectos clave de financiación

En materia de acceso a la financiación, nos gustaría destacar dos problemáticas propias de las sociedades cooperativas. En primer lugar y en relación con la posible entrada de un tercer inversor en el capital social (financiación a través de equity), se plantea la necesidad de preservar el carácter democrático de la cooperativa, de modo que las decisiones sean adoptadas por los socios que ejercen la actividad cooperativa. En segundo lugar, el recurso al endeudamiento, si bien no plantearía la problemática anterior, puede verse dificultado por la relativa volatilidad de su capital social derivada del hecho de que, en general, los socios cooperativistas puedan darse de baja de la cooperativa en cualquier momento, recuperando sus aportaciones al capital social. Ello implica que el capital de las sociedades cooperativas (en la medida en que deba reembolsarse necesariamente en caso de baja) no pueda considerarse como integrante de los fondos propios, sino que debe contabilizarse como deuda, empeorando por tanto el ratio de endeudamiento propio de las sociedades cooperativas, dificultando en teoría su acceso a la financiación bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, existen posibilidades para hacer frente a dichas problemáticas.

Por lo que se refiere a la entrada de un tercer inversor en el capital social, se plantea por tanto el reto de preservar el carácter democrático de las sociedades cooperativas. En ese sentido, existen varias fórmulas posibles para ello, como podría ser la previsión de que los socios puramente capitalistas no tengan derecho a voto o limitando en su caso sus derechos de voto de forma que la mayoría corresponda en todo momento a los socios que ejercen la actividad cooperativa, compensando esa pérdida de derechos políticos con mayores derechos económicos. Otra vía para incrementar la capitalización de la cooperativa puede venir dada por el recurso a los propios socios cooperativistas, previendo la posibilidad de que realicen aportaciones voluntarias adicionales a las obligatorias (que son las que confieren la condición de socio), incentivándolas mediante la concesión de ventajas económicas.

Por lo que se refiere a la problemática mencionada en lo relativo al endeudamiento, se puede mitigar por varias vías. En primer lugar, la existencia de un tejido financiero especializado puede contribuir a la realización de análisis financieros que tengan en cuenta las particularidades de dichas sociedades a la hora de concederles financiación. Por otra parte, cabe indicar que el capital social de las cooperativas no se debe clasificar siempre como deuda, en particular en aquellos supuestos en que la cooperativa pueda denegar incondicionalmente la devolución de las aportaciones del socio en caso de baja (en ese caso el capital computaría como patrimonio). De esta forma se mejoraría por tanto el ratio de endeudamiento de las cooperativas. Asimismo, otra posibilidad vendría dada por la concesión de garantías para cubrir los riesgos de impago, ya sea por los socios o por la propia cooperativa. En ese sentido cabe citar el ejemplo de una cooperativa italiana que habría levantado 6 millones de euros mediante la emisión de bonos garantizados por quesos parmesanos.

Sin más dilación, procedemos a analizar las posibilidades que ofrece la Ley 12/2015 por lo que se refiere a la financiación. En primer lugar, la ley prevé vías para fomentar una mayor inversión en el capital social de las cooperativas, tanto externo (a través de terceros inversores) como interno (a través del recurso adicional a los socios). Así, por un lado la ley prevé la existencia de socios colaboradores que, sin realizar la actividad cooperativa principal, puedan colaborar de algún modo en la consecución del objeto social de la cooperativa. Es importante remarcar que su colaboración puede consistir exclusivamente en aportación de capital. La ley permite por tanto la existencia de socios puramente capitalistas. A los efectos de preservar el carácter democrático de las cooperativas, se establecen diversas salvaguardias dirigidas a reducir su influencia en la toma de decisiones en los órganos sociales (i. e. posibilidad de disponer que los socios colaboradores cuya aportación sea solo de capital no tengan derecho a voto, limitaciones a su capacidad para ocupar determinados puestos…). Por otro lado, la ley prevé asimismo la posibilidad de que los socios realicen aportaciones voluntarias adicionales a las obligatorias. A los efectos de incentivar dichas aportaciones de terceros y socios, la ley incluye diversas medidas y posibilidades (entre otras, la posibilidad de que los estatutos sociales dispongan que las aportaciones al capital puedan generar intereses).

En relación con la problemática del endeudamiento, reviste especial interés el artículo 70 de la ley, el cual establece la posibilidad de que las aportaciones al capital no solo puedan ser aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja, sino también aportaciones cuyo reembolso pueda ser rechazado incondicionalmente por el consejo rector. La configuración de este segundo tipo de aportaciones puede contribuir a mejorar el ratio de endeudamiento de la cooperativa por los motivos antes indicados, si bien entendemos que puede plantear otro tipo de problemas al hacer menos atractiva la inversión en capital.

Finalmente, conviene apuntar que el artículo 77 dispone expresamente la posibilidad de que las cooperativas emitan deuda subordinada, títulos participativos y obligaciones, con sujeción a la legislación aplicable al respecto.

En relación con todo lo anterior, podemos concluir que la legislación catalana existente en cuanto a cooperativas es moderna y razonablemente favorable, al menos por lo que se refiere al acceso a la financiación, en la medida en que proporciona distintas herramientas y posibilidades para permitir a las cooperativas un mejor acceso a ella, en línea con los planteamientos de la ACI al respecto. En ese sentido, dicho marco regulatorio favorable, unido a las ventajas fiscales apuntadas, al fuerte tejido cooperativista presente en Catalunya y a la existencia de programas de apoyo como Aracoop, hace que las cooperativas deban ser una alternativa que considerar seriamente a la hora de desarrollar una actividad económica conjunta en Catalunya. En cualquier caso y como apunte final, conviene remarcar que si bien se puede acceder a financiación manteniendo el control de la cooperativa por parte de los socios cooperativistas, la aportación de capital por terceros siempre se traducirá por una influencia externa, que será más o menos intensa dependiendo del capital invertido o financiado. Por ello, es aún más importante llevar a cabo una política de endeudamiento y de acceso al capital adecuada, de forma que en la práctica se preserve el carácter democrático que caracteriza a las sociedades cooperativas.

Deloitte Abogados

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