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Cambiemos el capitalismo clientelar por otro más inclusivo

Cambiemos el capitalismo clientelar por otro más inclusivo

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Sin duda, hablar ahora de la economía es mucho más agradable que en los últimos años, marcados por la dura crisis que ha azotado fuertemente la economía pero también la sociedad. Ahora corren mejores tiempos y la pequeña o microeconomía, es decir, la de nuestras pymes y autónomos, está en franca mejora de incremento de ventas, de exportaciones, de inversiones, de confianza empresarial, de crecimiento del consumo y, sobre todo, de empleo y afiliaciones a la Seguridad Social. Para este año se contempla un crecimiento del PIB del 3,1% y las expectativas para el 2018 también son de mejora.

Si hablamos en términos macroeconómicos, si hablamos de la gran economía, la cosa cambia. El alto endeudamiento nacional, la posible subida de los intereses y sus consecuencias, los rescates bancarios o el Brexit nos demuestran que por este lado las cosas están un poco más complicadas y que, además, todavía puede haber sorpresas. Ejemplo de ello son los 60.000 millones de euros de rescate bancario que no se recuperarán, una asignatura suspendida de la macroeconomía, que nos golpea fuerte y que, por mucho que se niegue, nos golpea a todos.

Recordemos que en Catalunya hay 497.000 pymes y 546.000 autónomos que representan el porcentaje más elevado del PIB y del empleo y el 99,8% del tejido empresarial productivo. Creo que son razones más que suficientes como para decir con la boca bien grande que las políticas económicas y sociales que se ponen en marcha en nuestro país y en toda Europa se deben plantear, siempre y sin excepción, en clave principal de las pymes, no de las grandes empresas como lamentablemente se hace actualmente. Hay que cambiar el capitalismo clientelar por un capitalismo más inclusivo.

Son muchas las reformas necesarias para que las pymes sean el centro de las leyes y las políticas, empezando por el propio modelo patronal, que es mejorable. A diferencia de lo que pasa en Europa o en Catalunya, en pleno siglo XXI no tenemos en España una organización patronal más representativa de las pymes y los autónomos, independiente y autosuficiente, capaz de presentar propuestas y de reclamar medidas que, si es necesario, pueda contrastar o compartir o confrontar con la patronal de las grandes empresas.

Consecuencias negativas de esta no separación de representatividad las vemos en muchos temas, que nos afectan a todos. Por ejemplo, con el Proyecto de ley de contratación pública que supone una contratación anual del Estado central de 180.000 millones de euros, nada más y nada menos que un 18% del PIB. PIMEC ha sido la única patronal que ha presentado enmiendas transversales defendiendo los intereses de las pymes en ámbitos como la división de lotes para que éstas puedan participar en los concursos y el pago directo a los subcontratados en caso de morosidad de los contratistas principales, entre otros.

Otra consecuencia negativa de no priorizar las decisiones en clave de pymes la podemos ver en la fiscalidad que les afecta. El propio ministro Montoro aseguró que las grandes empresas pagaban un impuesto sobre sociedades aproximadamente del 7% y las pymes, del 18%. Se ha intentado rebatir esta situación con argumentos rebuscados, pero la realidad es que las pymes están en clara desventaja a la hora de pagar dicho impuesto. Si queremos que sean más competitivas y aumenten su dimensión, habrá que pensar en una fiscalidad específica para ellas.

Por otro lado, la morosidad en los pagos, que tan bien conocemos en este país, no solo ha ahogado a muchas empresas, sino que es también un gran factor limitador de su dimensión. Pagar a 150 días o muchos más, práctica habitual en algunas empresas del Ibex, cuando se tendría que pagar a un máximo de 60, imposibilita que nuestras pymes crezcan. Es una barbaridad que nuestras pymes hagan de financieras de grandes empresas, por lo que hay que aprobar de una vez un régimen sancionador que castigue estos abusos. Tenemos el apoyo de la mayoría de los partidos políticos para implantar un régimen sancionador y esperamos que las reiteradas promesas del ministro Montoro y del Gobierno sean pronto realidad.

Dicho esto, insisto en la necesidad de ir hacia un capitalismo más inclusivo. No hacerlo es un error histórico, reiterado y que no tiene más lógica que la mayor influencia que tienen las grandes empresas a la hora de legislar y no tanto las pymes, a pesar de la existencia de entidades patronales, a las que defendemos. Esto lo digo con una cierta tristeza pero también con el coraje para no desfallecer en el propósito de que un día podamos cambiar esta tendencia.

Josep González

Presidente de PIMEC