La pobreza material es una cuestión muy relativa. Para tratar de aproximarnos a una versión objetiva del concepto, la oficina de estadística europea (Eurostat), fija el umbral de la pobreza, que varía según el país, en el 60% de los ingresos medios de cada estado. Por debajo de este nivel, se considera que un individuo o unidad familiar se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Mientras se tiran millones de toneladas de comida cada año, proliferan iniciativas como los comedores sociales de ayuda a los necesitados.

Atendiendo a estos parámetros, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló en su informe anual Encuesta de Condiciones de Vida 2015 que el 22,1% de los españoles se encontraban en riesgo de pobreza. Esta estadística, cuya serie histórica arranca en 2004, registró su valor más bajo en 2007, cuando el porcentaje de persones en riesgo de pobreza se situó en el 19,7%. A partir de ese año el índice ha seguido una tendencia alcista, aunque bastante irregular dependiendo del ejercicio, hasta alcanzar el máximo del 22,2% en 2014. En 2015, último año del que se dispone de datos completos, la tasa descendió mínimamente, hasta el 22,1%, a pesar de la recuperación económica en términos del PIB –que repuntó un 3,2%– y de la creación de empleo.

La situación todavía es más preocupante si tenemos en cuenta que la población en riesgo de pobreza ingresa ahora menos dinero que antes de la crisis. En 2009, justo después de que estallara la burbuja inmobiliaria en España, una persona era considerada pobre cuando ganaba menos de 8.876 euros anuales –en el caso de los hogares unipersonales– y 18.641 euros en el caso de las unidades familiares conformadas por dos adultos y dos niños. En 2015, en cambio, el listón descendió hasta los 8.011 euros y 16.823 euros respectivamente, debido al aumento del paro y al descenso de los salarios. Esto significa que una familia que en 2015 ingresó 17.000 euros no sería considerada pobre en la actualidad, pero, en cambio, estaría alejada de los 18.641 euros anuales que marcaban la frontera de la pobreza en 2009.

España tampoco sale bien parada en la comparación con el resto de países de la Unión Europea. Según los datos de Eurostat, que pintan una situación bastante peor que los del INE, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se elevó hasta los 13,4 millones en 2014, un 29,2% de la población española, frente al 24,4% de media de la UE. Los únicos países con valores más negativos que España son Rumanía (40,2%), Bulgaria (40,1%), Grecia (36%), Letonia (32,7%) y Hungría (31,1%). En el caso español, el índice ha escalado casi seis puntos –del 24,5% al 29,2% entre 2008 y 2014– durante la crisis, mientras que en el mismo periodo, la media de la UE también aumentó, pero tan solo en seis décimas.

Las cifras son alarmantes, pero afirmar que el 30% de los españoles vive en la pobreza sería inexacto. La estadística no tiene en cuenta el peso de la economía sumergida en España ni la “red de seguridad” que representa el entorno familiar más allá del circunscrito al hogar que, en muchos casos, ayuda a paliar las situaciones de mayor penuria económica. No obstante, cuando todo esto falla, el papel de las entidades sociales es fundamental.

La Federación Española de Bancos de Alimentos y la Cruz Roja atendieron hasta 2,2 millones de personas que precisaban de alimentos en 2013. Ambas entidades fueron designadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para ejecutar el “Programa de distribución de alimentos en beneficio de los desfavorecidos”, dotado con 85,6 millones de euros en 2013, y que repartió 80.175 toneladas de comida. Durante el mismo ejercicio, Caritas atendió a 2,5 millones de ciudadanos a través del reparto de comida y ropa o ayudas para afrontar el alquiler y el pago de las facturas.

Son tan solo dos ejemplos, quizás los de mayor escala a nivel nacional, que demuestran que el hambre es una amenaza muy real para millones de familias. Pero más allá de los programas gubernamentales y las grandes entidades sociales y religiosas con capacidad e infraestructuras para asistir a cantidades ingentes de personas, las iniciativas de dimensiones más modestas han proliferado en los últimos años.

El comedor social: un ejemplo

Es el caso del comedor social Bonavista, situado en el humilde barrio homónimo de Tarragona, que puso en marcha la asociación socioeducativa Joventut i Vida a finales del año 2013. “Comenzamos con la intención de ayudar a unas 60 personas diarias, nunca pensamos que llegaríamos a repartir 190 raciones al día como hacemos ahora”, afirma Raquel Quílez, la responsable del comedor.

Para alcanzar este volumen de ayuda ha sido indispensable la colaboración de muchos agentes. En primer lugar, los voluntarios, que se encargan de llevar a cabo todas las tareas para que el comedor pueda subir la persiana cada día: limpieza del local, preparar y servir la comida, recogida de los alimentos donados… También han sido imprescindibles las aportaciones económicas, tanto en forma de subvenciones como de donaciones, que ha recibido el comedor por parte de la Administración y de diferentes empresas implantadas en la zona, que permiten hacer frente a los gastos fijos derivados del funcionamiento del comedor.

Por último, aunque no menos importante, son indispensables las donaciones de alimentos realizadas por los distintos benefactores. El Banc d’Aliments de Reus, la Confraria de Pescadors, el Mercat del Camp o la Unió de Comerciants de Bonavista son algunas de las asociaciones y entidades que han prestado su colaboración. No obstante, Raquel Quílez apunta un socio con un peso específico fundamental: Mercadona.

Los estragos de la crisis provocaron que las previsiones iniciales del comedor de Bonavista se vieran rápidamente desbordadas por la abrumadora demanda. En este contexto, fue crucial la colaboración con Mercadona. La cadena de supermercados es el donante de alimentos más destacado, y cada mañana se encarga de hacer llegar una furgoneta con productos que, por algún defecto en el envase o por estar cerca de la fecha de caducidad, ya no son comercializables en los lineales.

En palabras de Quílez, la aportación de la compañía que dirige Juan Roig es determinante, hasta el punto de que el menú de cada día se decide, principalmente, dependiendo de la cesta de alimentos que llegan de Mercadona. Además, la cadena de supermercados valenciana es el único benefactor que, diariamente, se encarga de transportar la mercancía hasta el comedor.

La colaboración con el comedor de Bonavista no es una actuación aislada. Mercadona dona 4.200 toneladas de alimentos a más de 100 centros sociales repartidos por toda España, 31 de ellos situados en Catalunya. Además, la cadena de supermercados participó a través de sus establecimientos en las ediciones del pasado año de la “Operación Kilo” y el “Gran Recapte”, impulsadas por los bancos de alimentos, en las que se recogieron 7.000 toneladas de alimentos donados por parte de los clientes de Mercadona.

Contra el despilfarro

Las penurias que pasan muchas familias para conseguir completar su dieta diariamente contrastan con la enorme cantidad de alimentos que se desperdicia en España. Ni más ni menos que 7,7 millones de toneladas tiradas a la basura cada año, según los datos que maneja la Comisión Europea. No se trata de un problema exclusivo de nuestro país. En total, la UE desperdicia 89 millones de toneladas de comida al año, lo que equivale a 179 kilogramos por persona.

Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen parte de culpa en el desperdicio de alimentos, aunque la cuota de responsabilidad se reparte de forma bastante desigual. El mayor despilfarro lo protagonizan los consumidores finales (42%) y los productores (39%), mientras que la hostelería (14%) y la distribución (5%) también son responsables, pero en menor medida.

Sin embargo, hay quien señala a las empresas de gran distribución como una de las principales causantes –de forma indirecta– del desperdicio alimentario. Esta acusación se basa en el argumento de que las grandes cadenas de supermercados fuerzan a los agricultores a desprenderse de las piezas de fruta y verdura visualmente menos atractivas y empujan a los consumidores a adquirir más productos de los necesarios a través de las ofertas.

En el caso de Mercadona, la cadena de distribución con mayor presencia en España, más allá de las donaciones de alimentos aplica otras medidas para reducir a la mínima expresión la tasa de desperdicio. Algunas de estas actuaciones están relacionadas con la logística, y se centran en gestionar los stocks de cada tienda con pedidos diarios, lo que permite acumular menos productos en el almacén. Otras de las medidas en este sentido consisten en el descenso paulatino del precio de los frescos para darles salida antes de que se estropeen o eliminar las ofertas tipo 2×1 que incitan al consumidor a comprar más de lo que necesita.

La mayoría de grandes cadenas de distribución tienen protocolos, más o menos exhaustivos, dedicados a minimizar el desperdicio de alimentos. En España reducir el despilfarro es una decisión particular de cada compañía. Una situación diferente, por ejemplo, a la de Francia, donde todos los supermercados de más de 400 metros cuadrados tiene prohibido por ley, debido a una normativa aprobada recientemente, desprenderse de ningún alimento que todavía sea comestible. No obstante, el caso francés es una excepción, y en la mayoría de países europeos se apuesta por la autorregulación de sector de la distribución en lo que a desperdicio alimentario se refiere.