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Crisis económica y desigualdad

Crisis económica y desigualdad

La crisis económica vivida en España a lo largo de los últimos años ha dado lugar a una creciente preocupación por los problemas distributivos, como pone de manifiesto el aumento de los trabajos e informes que, desde posiciones muy diversas, se han publicado a lo largo de los últimos meses. La desigualdad y la pobreza importan cada vez más ante el sesgo que parece adoptar el modelo de crecimiento y la clara tendencia hacia la concentración de la renta y la riqueza que muestran una gran cantidad de datos económicos y sociales.

La información procedente de las principales fuentes estadísticas internacionales (FMI, EUROSTAT, OCDE o la ONU) confirman una tendencia generalizada al aumento de la desigualdad de la riqueza y la renta. Y, a partir de dicha información, múltiples publicaciones y trabajos han insistido en la realidad de la tendencia señalada y los problemas que puede aparejar para el mantenimiento de la estabilidad social, pero también para el propio proceso de crecimiento económico.

Los datos de España marcan una tendencia similar, tal vez incrementada por la naturaleza y la intensidad de la crisis económica; España, según los datos de EUROSTAT de 2014, era uno de los países con mayores indicadores de desigualdad (en términos de mercado y de renta disponible de los hogares), como ocurría también con los índices de riesgo de pobres y de pobreza y exclusión social. El índice de distancia, medida de la relación entre los ingresos medios de la última quintila de la distribución y los de la primera, se elevaba a 7 puntos, un nivel semejante a los existentes en países como Rumanía, Bulgaria, Letonia y Grecia, habiendo observado un crecimiento de casi 2 puntos entre 2007 y 2010. Algo similar habría que decir de la medida de la desigualdad más utilizada, el índice de Gini. De nuevo según datos de EUROSTAT, España habría alcanzado un indicador del 0,35 en línea con los índices de los países del Este de Europa con más dificultades económicas, además de Grecia y Portugal.

Los datos de pobreza y exclusión social, son también negativos: en términos de tasa de riesgo de pobreza, España tenía el mayor indicador de la Unión Europea, a excepción de Rumanía en el año 2014. Y según el AROPE, el indicador de pobreza y exclusión fijado por la UE para medir los resultados de la estrategia 20/20, de nuevo España presentaba una de las cifras más elevadas, situándose cerca del 30% de la población total.

Factores de desigualdad
Las explicaciones básicas se encuentran principalmente en los procesos de distribución de la renta en los mercados, lo que en el ámbito de la ciencia política se ha llamado “predistribución”, aunque un factor complementario es el que se refiere a la menor capacidad compensadora de las políticas públicas, cuestión que ha sido objeto principal de estudio en el IIº Informe de la Fundación Alternativas, que ahora comentamos.

Un patrón de comportamiento extendido en Europa es el crecimiento de la desigualdad de la renta de mercado. En un trabajo de 2012, un grupo de investigadores, a partir de los datos armonizados de 20 países de la OCDE recogidos en la base LIS para el período comprendido entre 1985 y 2005, señalaban que el índice de Gini medio de la renta mercado creció a lo largo de ese período, alcanzando en el último año un valor del 0,467, mientras que la actuación del sector público conseguía rebajar el índice, hasta el 0,304. Los datos anteriores seguramente han empeorado tras los años de crisis económica, especialmente en los países del sur de Europa.

El crecimiento de las desigualdades salariales es una de las causas principales para explicar el aumento de la desigualdad entre los hogares. Los procesos de cambio tecnológico intenso, sesgado en beneficio de los trabajadores más cualificados, la desaparición creciente de trabajos manuales ante el aumento de la robotización, o la internacionalización de muchas empresas y la competencia con países de salarios bajos ayudan a entender el aumento de los abanicos salariales.

Por otra parte, el crecimiento de las cifras de paro asociadas a la crisis, singularmente en España, ante las características de la estructura productiva, y las políticas económicas para intentar combatirla, son razones adicionales para explicar la mayor desigualdad laboral. En los últimos años, un creciente número de hogares declaraban tener a todos sus miembros en paro y un 4,2% de los mismos carecían de ingreso alguno para atender sus necesidades. Adicionalmente, las políticas orientadas a “flexibilizar” el mercado de trabajo provocaban el aumento de la desprotección de muchos trabajadores, el desequilibrio del poder negociador entre los agentes del mercado de trabajo, la precarización de muchos puestos de trabajo y el aumento de las diferencias salariales.

Otro factor que explica la creciente desigualdad es el aumento de la concentración de las rentas de capital en los colectivos de rentas más altas y el crecimiento de la distancia entre estos colectivos y la mayoría de la población, como han puesto de manifiesto Piketty, Atkinson o el FMI, con las consecuencias perversas que esta tendencia genera sobre el crecimiento económico y la estabilidad social.

En cuanto a la renta disponible, los datos confirman el menor efecto compensador de las políticas públicas, además de la existencia de serios problemas de acceso a los servicios públicos por parte de los colectivos de rentas bajas, especialmente en un contexto de recortes de servicios y prestaciones públicas y/o de privatización encubierta de los mismos. Adicionalmente, la concentración de la presión fiscal en las rentas del trabajo, la limitación de la progresividad del sistema impositivo y el fraude perjudican especialmente a los colectivos de rentas medias o bajas.

Incidencia de las políticas públicas
El IIº Informe de la Desigualdad elaborado en la Fundación Alternativas concentra su atención en el análisis de las principales políticas públicas, desde una perspectiva transversal y centrado en el análisis de sus efectos sobre la desigualdad, tanto en términos de igualdad de oportunidades como de acceso a los servicios públicos y sus consecuencias en relación con la igualdad de resultados.

En el ámbito de los programas de garantía de ingresos, el Informe señala la importancia del sistema de pensiones basado en el criterio de reparto como un mecanismo clave de redistribución de ingresos y de cohesión social intergeneracional, así como la existencia de importantes mecanismos de redistribución dentro del sistema (límites de las pensiones, complementos a mínimos, pensiones no contributivas…). Por lo que respecta a otros sistemas de garantía de ingresos, el Informe pone de manifiesto los problemas de dispersión de las prestaciones, su deficiente articulación y su fragmentación territorial, lo que implica un efecto redistributivo muy limitado.

Para asegurar un funcionamiento eficaz del sistema de garantía de ingresos, además de asegurar su sostenibilidad, sería necesario diseñar adecuadamente el gasto social en prestaciones, corregir desigualdades internas, asegurar derechos sociales en todo el territorio y garantizar una mayor protección a familias y hogares sin ingresos. También habría que recuperar e integrar mejor las ayudas a la dependencia e intentar consolidar una Red de Servicios Sociales de Base.

En el campo de la educación, factor clave para comprender la reproducción o la reducción de las desigualdades, el Informe muestra cómo, a pesar del efecto ligeramente progresivo del gasto (con las excepciones del sistema de concertación, la educación superior, las becas y otras subvenciones al sector privado), subsisten problemas importantes en términos de resultados, como las cifras de abandono escolar, los limitados resultados de los Informes PISA y la concentración de los alumnos con dificultades económicas e inmigrantes en los colegios públicos, sometidos a una presión creciente ante la falta de medios. Tras la salida de la crisis, parece fundamental recuperar el gasto perdido con los recortes pasados, asegurar una adecuada integración de los alumnos inmigrantes y mejorar la calidad del sistema.

La desigualdad en salud, un buen indicador de las desigualdades económicas en España, se ha visto afectada tanto por los efectos de la crisis como por las políticas de recortes aplicadas, que han implicado menos universalidad y menos gratuidad de las prestaciones sanitarias. El Informe de Alternativas insiste en la creciente relevancia de las políticas no sanitarias con incidencia en la salud y la preocupación por la calidad y los estilos de vida; por otra parte, se señala la necesidad de adecuar los recursos disponibles a las necesidades, mejorar la calidad de los servicios y limitar las listas de espera, o asegurar la disponibilidad y fluidez de la información, la transparencia y la articulación institucional del sistema.

En cuanto a la vivienda, un derecho mal garantizado en España, como ha puesto de manifiesto el aumento de los desahucios durante la crisis, el Informe señala la escasa protección de la población más vulnerable, el limitado stock de viviendas sociales disponible y la intensa desigualdad entre los que tienen la vivienda pagada y los que no la tienen, además de los serios y crecientes problemas de acceso a la misma. Las políticas españolas han tenido muy limitada incidencia históricamente y la austeridad y los recortes han generado nuevas dificultades ante el peso de los gastos de vivienda y el crecimiento de deudas y desahucios. El Informe apunta la necesidad de aplicar nuevas políticas de suelo y urbanísticas orientadas a lograr viviendas asequibles, parques públicos sociales de alquiler y la necesidad de integrar las políticas de vivienda en las estrategias globales contra la exclusión social.

En su último capítulo, el Informe de Alternativas se refiere a los sistemas de financiación de las políticas públicas. Como consecuencia en gran parte de la crisis, nuestro sistema tributario refleja un nivel de presión fiscal bajo respecto a los valores medios de la UE. Además, resulta injusto e ineficiente, al centrarse en objetos imponibles fácilmente controlables (el trabajo y el consumo) y tener una estructura propensa al fraude. El IRPF, principal figura tributaria en los países avanzados, muestra claras deficiencias en España; entre otras, la excesiva separación en el tratamiento de las rentas de trabajo y de capital o los problemas de equidad horizontal.

El trabajo de Alternativas apuesta por la necesidad de asegurar el mantenimiento de impuestos directos potentes, incluyendo los gravámenes sobre la riqueza, además de otros ingresos, revisados con criterios de eficiencia. Y la necesidad de luchar contra el fraude fiscal (también internacional), fortaleciendo la administración tributaria.

En las conclusiones, el Informe apunta la necesidad de revisar las condiciones previas de acceso a los mercados, analizando los sistemas de premios existentes y garantizando un mayor equilibrio entre los agentes económicos, además de reforzar las políticas contra la concentración de poder económico y promover un pacto educativo. En el campo de las políticas redistributivas, además de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, habría que recuperar los servicios “recortados”, con criterios de eficiencia, y articular y mejorar las políticas de transferencias y servicios, así como revisar el sistema impositivo desde criterios de equidad y eficiencia.

* Nota: Jesús Ruiz-Huerta Carbonell ha dirigido el IIº Informe de la Desigualdad en España 2015 de la Fundación Alternativas. Puede descargarse de la página web de la Fundación:

http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/2o-informe-sobre-la-desigualdad-en-espana-2015

Jesús Ruiz-Huerta

Catedrático de Economía Aplicada de la URJC